Las caravanas de migrantes centroamericanos

Un largo camino por la dignidad

Al cierre de esta edición, unos 6.500 migrantes centroamericanos estaban varados en Tijuana, en la frontera México – Estados Unidos, después de una interminable caminata desde sus países de origen. Ante la larga espera para ingresar al “sueño americano”, la asistencia humanitaria proviene casi totalmente de las Iglesias

Por: Silvano Malini
Central American Migrant Caravan

Ya son más de 6.500 los migrantes centroamericanos que, tras una larga caminata de 4 mil kilómetros, llegaron desde Honduras y El Salvador hasta Tijuana, en la frontera entre México y Estados Unidos.
Los primeros partieron a mediados de octubre de San Pedro Sula. Luego se sumó otro contingente y un tercero se originó en El Salvador. En total, son al menos 9 mil, sobre todo “hombres jóvenes entre 16 y 30 años, a menudo graduados, universitarios o diplomados, con algunos adultos, mujeres, familias enteras, menores no acompañados y hasta algún anciano en silla de ruedas”, como explicó a la Agencia Fides Julio Buendía, encargado de la Pastoral para Migrantes y Refugiados de Cáritas El Salvador.
Rechazando las tesis de financiamiento externo, Buendía indica que la pobreza, la violencia causada por las bandas criminales (que además practican la extorsión y el reclutamiento forzado), la miseria y la corrupción son las causas de este fenómeno que ha llevado a más de 311 mil nicaragüenses, salvadoreños y hondureños a dejar sus países en el primer semestre del 2018, según datos de la ONU.
Estados Unidos, destino y “sueño” de los caminantes, no permite el ingreso sin visa. La Secretaria para la Seguridad (ministra del Interior) Kirtsjen Nielsen afirmó que serán arrestados y expulsados todos aquellos que traten de entrar al país ilegalmente. Nielsen criticó la decisión de un juez federal que ordenó al gobierno aceptar los pedidos de asilo independientemente de la procedencia y del modo en el que los solicitantes entren al país, invalidando un decreto del presidente Trump, actualmente en análisis por parte de la Corte Constitucional.
La idea de las caravanas surgió de un exdiputado de Honduras quien, el 12 de octubre, se ofreció por televisión a acompañar a los migrantes hasta la frontera con Guatemala. Inmediatamente partió de San Pedro Sula el primer contingente, que fue creciendo por el camino. A los pocos días se sumaron las otras dos caravanas. La salvadoreña fue convocada vía Facebook y Whatsapp. “Estas cosas suceden todos los días, pero en forma individual”, comenta Buendía. “Viajar en grupo disminuye las posibilidades de asaltos y evita el pago de miles de dólares a los ‘coyotes’” (criminales especializados en emigración clandestina).
Muchos caminantes tienen parientes que los esperan en Estados Unidos. “La mayoría puede contar, si llega a entrar, con una red social de salvadoreños que se ha ido consolidando con los años. Pero no falta quien va a la aventura”, explica Buendía.
Para la Iglesia, la preocupación principal es la asistencia. Lo afirma el padre Arturo Montelongo, responsable del área Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal mexicana.”Cuando partió la primera caravana no hubo tiempo de avisar a la diócesis de Tapachula (Ciudad Hidalgo es la puerta de la frontera con Guatemala) de la llegada de 3-5 mil personas para asistir”. Una vez llegados a Ciudad de México, el Estado les ofreció como refugio un estadio. Fue la Iglesia quien promovió el diálogo entre los intendentes de las ciudades en las cuales pernoctaban los migrantes y las instituciones estatales y federales, insistiendo en que el Estado es el primer responsable de “no poner obstáculos sino asistir a los migrantes y, sobre todo, a quienes solicitan asilo. Porque algunos se quedaron en territorio mexicano”, agrega el sacerdote.
La asistencia humanitaria, exceptuando los puntos de información de la agencia ONU para los refugiados y la Cruz Roja, es provista casi totalmente por las Iglesias, sobre todo por la Católica, que también ofrece acompañamiento espiritual con sacerdotes y obispos. Desde Honduras, el abogado Ricardo López, responsable de la Oficina de defensa de los migrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aclara que “desde el momento de la partida de la primera comitiva se activó el protocolo para la defensa de los derechos humanos, en coordinación con los entes homólogos de los demás países interesados”. El ombusdman hondureño visitó las caravanas en Guatemala y en México, y pidió a los gobiernos asegurar el libre tránsito y el derecho de asilo, además de medidas cautelares para la protección internacional.
“Quien se queda en México”, testimonia Buendía desde El Salvador, “cuenta con la solidaridad del pueblo mexicano, con asistencia alimentaria, traslado por el camino y también ofertas de trabajo y alojamiento”.
El encargado de Cáritas denuncia en cambio el proceder de algunos cónsules salvadoreños en el sur de México: éstos, en vez de informar a los migrantes del derecho de asilo para todos, con tal que lo pidan incluso verbalmente, del derecho a no ser deportados y a la asistencia legal, tratan de convencerlos para que firmen la deportación voluntaria asustándolos con la “seguridad” de que serán detenidos.
Las presiones para el retorno de las caravanas toman varias formas. Cerca de 6 mil militares fueron desplegados por el gobierno de Trump en la frontera con México. Buendía informa que “según algunos medios, cerca de 100 personas habrían sido secuestradas en México, en dos camiones, pero una ONG mexicana puso a disposición líneas telefónicas e Internet para la comunicación gratuita con sus parientes, y ninguno en los países de origen ha denunciado la desaparición”. La Secretaría para la Seguridad de EE.UU. aseguró haber identificado entre los migrantes cerca de 500 “delincuentes”, sin dar otros detalles.
El 21 de noviembre, en Ciudad Hidalgo, un grupo de unos 250 salvadoreños recién llegados a territorio mexicano fue conducido por la Policía a un centro de detención para regularizar su situación migratoria y eventualmente solicitar asilo o residencia temporal. Se les negó el permiso de tránsito, cosa que no había sudedido antes. Considerando las miles de solicitudes de asilo actualmente en trámite, estas personas “se arriesgan a quedarse detenidas hasta por un año”, advierte Buendía. Por otra parte, quien llegara a entrar en Estados Unidos y solicitase asilo, debería pagar 10 mil dólares para continuar el trámite y tener derecho a la protección, y se le aplicaría una tobillera electrónica con un radio de movimiento de 500 metros, más allá del cual serían advertidas las autoridades migratorias. Una práctica que las Ong califican como un clarísimo abuso.
La preocupación por la integridad de los migrantes creció con la llegada de los primeros a Tijuana, a mediados de noviembre, cuando se verificaron episodios aislados de intolerancia, estimulados por la circulación de noticias tendenciosas por parte de personas interesadas en manchar la imagen de los migrantes, como denuncia el padre Montelongo. Enfrentamientos con las fuerzas del orden produjeron la muerte de una persona. Otra -un niño- fue atropellada. Algunos migrantes intentaron cruzar ilegalmente la valla fronteriza. Al menos 100 fueron deportados.
Unidos en forma compacta en la defensa de los derechos y de la protección de los migrantes, los episcopados de México y Estados Unidos están en diálogo constante.
Al norte de la frontera, bajo la guía del obispo de Austin, Joe S. Vásquez, responsable de la Comisión para la Movilidad Humana, la Iglesia busca presionar al Congreso.
Montelongo subraya un nombramiento “estratégico” de parte de la Asamblea del episcopado mexicano, que en noviembre eligió como responsable de la movilidad humana al obispo de Ciudad Juárez, Mons. José Guadalupe Torres. Se trata del obispo de una diócesis de frontera, que trabaja hace tiempo con Mons. Daniel Flores de Brownsville (Texas) en las reuniones de obispos Tex-Mex.
En un mensaje al concluir la Asamblea, los obispos mexicanos reconocieron “la acción responsable de algunas autoridades” pero constataron que “muchas otras han dejado de lado las responsabilidades indicadas por la ley”, y reafirmaron la voluntad de “acoger, proteger, promover e integrar” a los migrantes, utilizando las expresiones del Papa Francisco.
Según la agencia EFE, al 4 de diciembre, 6.500 migrantes centroamericanos estaban en Tijuana, 403 se quedaron en Ciudad de México y unos 800 salvadoreños decidieron permanecer en Chiapas (en el sur) y buscar empleo allí, mientras regularizan su estancia en México. Por otra parte, casi 2 mil migrantes se acogieron al programa de retorno asistido y más de 400 pidieron refugio legal en el país.